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Hoy ha empezado el juicio contra el expresidente valenciano, Francisco Camps. La Audiencia Nacional le juzga por una presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel. La investigación estaba ya cerrada y él no figuraba entre los imputados, hasta que llegó el juicio de la primera época de la Gürtel.

Le señalaron los cabecillas de la trama y el exsecretario general del PP de Valencia. Francisco Camps dio supuestamente órdenes para que una de esas empresas, Orange Market, fuera la encargada de montar el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2009.

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación del montaje de un expositor en Fitur en 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel'.

FOTO: Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar

El Gobierno se abre ahora también a reformar el delito de malversación. Este es el que más afecta a los condenados por corrupción, pero ¿qué castiga exactamente? En la actualidad, la malversación castiga a una autoridad o funcionario público que se apropia para sí o para un tercero de patrimonio público. Está castigado con penas de prisión de entre dos y seis años y de inhabilitación de entre seis a diez, pero cuando el desvío es de más de 50.000 euros, se pena con cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años. Este delito ya fue modificado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta ese momento se exigía que el dinero desviado fuera para la propia persona o para terceros, pero ese matiz se cambió y ahí estaría el meollo de esta reforma. El Código Penal o la Constitución obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación y como consecuencia se tendría que revisar cientos de sentencias como el caso del ‘Procés’, el caso de los ERE, el caso Gürtel o el caso Nóos.

Informa Gema Alfaro

Tercera condena al PP por la trama Gürtel, en este caso, por su rama en el ayuntamiento madrileño de boadilla del Monte. La Audiencia Nacional condena al exalcalde, Arturo Gonzalez Panero "el Albondiguilla" a 36 años de cárcel por 18 delitos, entre ellos, cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo. El juez rechaza aplicarle atenuante por haber confesado en el juicio.

FOTO: El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, a la salida de la Audiencia Nacional tras salir de declarar como testigo en noviembre de 2018. EFE/Javier Lizón

Este martes, ha quedado visto para sentencia el juicio por la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, una investigación que comenzó hace 12 años. Malversación, cohecho, fraude, prevaricación son algunos de los delitos a los que se enfrentan los 24 acusados que ahora esperan la sentencia. Entre los acusados están el exalcalde González Panero y el Partido Popular.

La Fiscalía dice que hay pruebas minuciosas de que el PP se benefició como partícipe a título lucrativo y le pide 200.000 euros. El ministerio público ha destacado cómo Correa y Crespo han reconocido todo, por eso para ellos ha rebajado considerablemente su petición de pena. Todo lo contario ocurre con González Panero, para quien mantienen la petición de 40 años de cárcel.

Foto: Los principales implicados de la red Gürtel durante el juicio por las actividades de la trama en Boadilla del Monte.