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Jueces y fiscales amenazan con una huelga si no se retiran las reformas de la carrera judicial. Este miércoles, han parado durante diez minutos en toda España. Una protesta a la que se ha sumado el Tribunal Supremo.

Están en contra de que los jueces y fiscales que trabajan ahora mismo como sustitutos consoliden su plaza, como ocurre en otras administraciones. Dicen que eso rebaja la excelencia y perjudica a miles de opositores. Además, critican que sean lo fiscales y no los jueces los que vayan a instruir las causas. Es lo que marca Europa, pero consideran que ese cambio aumentará el riesgo de injerencias políticas.

La presidenta del Alto Tribunal no ha participado en los paros, pero ha hecho un llamamiento a las autoridades: "No caben las descalificaciones personales, no caben los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables".

Foto: Jueces y fiscales han realizado este miércoles un paro simbólico de 10 minutos ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. EFE/ Daniel González.

Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.

Fátima Beardo, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha lamentado que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

"Se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", ha asegurado María Rubio, de la Asociación Francisco de Vitoria, quien ha explicado que se está metiendo "la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces".

"Incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", ha denunciado Ángel Perico, de la Asociación de Fiscales.

Por su parte, Carmen Cano, del Foro Judicial Independiente, ha pedido "la retirada de ambos proyectos y para el caso de que no sea así no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga.".

Imagen: EFE/ Daniel Gonzalez

El presidente ruso, Valdímir Putin, ha inaugurado una estatua del histórico dictador de la Unión Soviética, Iósif Stalin, para conmemorar los 90 años del metro de Moscú. La decisión ha sido aplaudida por algunos ciudadanos como Nikita, quien recuerda que Stalin "fue un gran personaje durante la II Guerra Mundial". Diana, sin embargo, no olvida la represión que sufrió el pueblo soviético durante su mandato.

Desde la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética y posteriormente Rusia se han encargado de borrar la imagen pública del histórico dictador, hasta que llegó Putin al poder. Desde que ejerce como líder del Ejecutivo se han inaugurado más de 100 estatuas en honor al dirigente soviético.

Entre la poca oposición que se ha atrevido a pronunciarse, dos jóvenes han colocado una fotografía de Putin con una cita antigua suya donde criticaba a Stalin. Las autoridades ya han juzgado a los opositores mediante un juicio rápido y se les ha impuesto una multa administrativa.

IMAGEN: Getty Images

Carlos Castillo, abogado de Marea de Residencias y de 7291: Verdad y Justicia, asociaciones de familiares de víctimas de las residencias durante la pandemia, se ha mostrado cauto en Las mañanas de RNE con Josep Cuní respecto a la posible imputación de Antonio Burgueño, exasesor sanitario madrileño, tras asegurar ayer ante el juez que fue nombrado Mando Único durante la pandemia. Castillo también ha explicado que la declaración del presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, deja claro que discriminación entre pacientes que tenía seguro médico privado y los que no, y, por tanto, "cada vez queda más claro que hubo un delito de negación discriminatoria de la atención sanitaria" durante la pandemia hacia los residentes que no fueron derivados a la sanidad pública "a causa de unos protocolos que lo impedían".

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha declarado este martes como testigo en la segunda de las causas judiciales abiertas para investigar los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de covid-19. En su declaración, Reyero ha insistido en que cuando conoció los protocolos de no derivación de los residentes a los hospitales el 20 de marzo en la primera ola de la pandemia se dirigió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y a Carlos Mur, como firmante y les advirtió que si esos protocolos se aplicaban habría personas que "morirían de forma indigna" y les explicaba las razones por las que se estaba produciendo una "discriminación de personas que tenían un "nivel de discapacidad elevada". En el procedimiento judicial están investigados los ex altos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los querellados declararán como investigados el próximo 17 de junio. También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina. Foto: EFE/Chema Moya

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, cree "sin ninguna duda" que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso estaba al tanto de los protocolos de no derivación a los hospitales que se investigan en dos juzgados de la Comunidad de Madrid y espera que la declaración de los imputados "arroje algo de luz". Asegura que "sin ninguna duda", el Gobierno madrileño estaba al tanto de los protocolos y que "tan pronto" como conoció uno de ellos, "el más cruel", del 20 de marzo de 2020, se dirigió al entonces consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero. "Me quejé por escrito, de palabra, hasta que decidí una vez pasara la primera ola de pandemia no quería formar parte de ese gobierno", ha explicado, y ha recordado que anunció su dimisión en octubre de 2020. Según ha asegurado, trasladó a los responsables de la Consejería de Sanidad que si se aplicaban esos protocolos habría persona que morirían de forma indigna, quedarían excluidos quienes vivían en las residencias "y tenían nivel de discapacidad y dependencia". Y ha manifestado su deseo de que los imputados en las dos causas abiertas en los tribunales "arrojen algo de luz al respecto" en sus declaraciones. Insiste en que en aquellos días el 80% de las personas fallecía en residencias y solo el 20% en hospitales, al contrario de lo habitual y que piensa "no solo en las personas que pudieran haberse salvado sino en aquellas otras" que tuvieron "una muerte indigna sin cuidados paliativos sin morfina sin una atención médica". Precisamente Reyero, muy crítico con los protocolos de no derivación a los hospitales desde que dimitiese en 2020, está citado como testigo este martes 3 de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés en la segunda causa abierta por las muertes en las residencias durante la pandemia, en la que se encuentran investigados tres exaltos cargos de la Comunidad de Madrid: los autores de los conocidos como "protocolos de la vergüenza" Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Foto: EFE/ Daniel González.

El magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha renunciado a investigar el rescate de la compañía Air Europa, tal y como le había ordenado la Audiencia Provincial de Madrid.

Hasta en tres ocasiones este órgano le había dicho que abandonase esa vía porque no había indicios suficientes. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha reconocido que se confundió al reclamar esta semana un informe sobre la aerolínea que había solicitado previamente.