Avales ingentes o el compromiso de no tener hijos: cuando ser inmigrante dificulta conseguir un alquiler
- La dificultad para encontrar un trabajo o los bajos salarios de muchos de ellos les empuja a tener que compartir vivienda
- Las personas refugiadas reciben 848 euros para el alquiler, cerca de 100 euros menos que el alquiler medio en España
"El piso lo tengo ahí, pero no se lo alquilo a panchitos". Esta fue la respuesta que recibió Alejandro, un joven boliviano que llegó a Madrid hace algo más de un mes para estudiar un máster en la Universidad Europea. "Llamas con toda la ilusión, estás en un momento de desesperación, no tienes donde vivir, y encontrarte con una respuesta así te genera bastante impotencia", explica.
Él y su compañera comenzaron su búsqueda de un piso nada más aterrizar. No lo hicieron antes por temor a posibles estafas. Pronto se dieron cuenta de que era muy difícil conseguir respuestas "tanto positivas, como negativas". Alejandro explica que hacían 25 llamadas al día y que, cuando contestaban, les pedían "demasiados requisitos".
Su caso no es único. Algo similar le ocurrió a Julieta "Llegamos después de vender toda nuestra vida para poder venir". Julieta se mudó a Madrid en abril de este año junto a su pareja, cuando el precio de la vivienda subía un 11,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En un primer momento, se establecieron en un Airbnb mientras buscaban un piso que alquilar. "Por más que el dinero lo teníamos, tenés que tener tantas nóminas y, algo que me topé mucho, que me preguntaran la nacionalidad", dice a RTVE.es.
Entonces, respondían que eran argentinos y algunos propietarios reaccionaban con alivio. "¿Y si soy de otro lado no? ¿Cuál es el problema?", se queja Julieta, que asegura que tuvo que cambiar su discurso para conseguir respuesta cuando preguntaban por un piso: "Al principio, era decirles somos argentinos. Y después, éramos argentinos con pasaporte italiano. Ahí cambiaban la forma de hablar".
Requisitos: avales de más de 4.000 euros y asegurar que no te embarazarás
"En Bolivia tenemos uno de los pasaportes más débiles de la región debido a la situación política y económica en mi país", indica Alejandro. A pesar de eso, contaba con el respaldo académico y financiero que le permitieron conseguir el visado. Pero no parecía suficiente para conseguir un piso en España.
"Piden avales bancarios españoles que ganen arriba de 4.000 euros, que pagues la comisión de la inmobiliaria o hasta cuatro meses de fianza", explica Alejandro. Julieta también sufrió estas condiciones imposibles de superar y otros requisitos "locos", como firmar que no se iba a quedar embarazada. “No lo voy a hacer porque no quiero, pero no te tengo que firmar nada. Aparte era para un contrato de seis meses, no tenía mucho sentido”, relata.
Como señala este martes la segunda edición del informe ‘¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’ [ver PDF] de Provivienda, las barreras a las que se enfrentan las personas migrantes en el acceso a la vivienda se multiplican. Las agencias o bien los rechazan directamente, o bien aumentan los requisitos específicos para acceder al alquiler. En consecuencia, son empujados a vivir en habitaciones de alquiler o subarrendadas.
Empujados a compartir piso
El mismo día que un propietario le dijo que no alquilaba a "panchitos", Alejandro encontró el piso que comparte con su compañera. La propietaria había vivido fuera durante un par de años y era consciente de los problemas a los que se enfrenta un inmigrante para encontrar un techo donde vivir. "Firmamos el contrato un lunes y ese mismo día nos mudamos", dice para explicar que la dueña les facilitó todos los trámites.
Julieta no tuvo tanta suerte. Tras una intensa semana de búsqueda, ella y su pareja tuvieron que conformarse con una habitación en un piso compartido por la que pagan 700 euros. "La realidad es que se nos va un porcentaje del sueldo enorme", apunta la docente de universidad. Tras un par de meses sufrió una plaga de chinches, cuya desinfección tuvo que asumir debido a la incompetencia de la agencia.
Por el momento, teletrabaja para una universidad argentina y el sueldo es bajo en comparación con uno español. "Todavía no tengo nómina de acá", explica, porque las empresas no "se arriesgan" a contratarla a pesar de poder trabajar de forma legal por estar casada con alguien con pasaporte italiano. Su esposo consiguió trabajo inmediatamente, aunque en hostelería y no como técnico de sonido, su profesión.
Refugiados: más vulnerabilidad, más riesgo
El acceso a la vivienda es más difícil cuanto más vulnerable es una población. Buscar a contrarreloj un piso es la situación a la que se enfrentan las personas migrantes que llegan a España, que en algunos casos vienen con recursos para poder afrontarla. Alejandro cuenta con avales bancarios de familiares que viven en España y Julieta mantiene ciertos ingresos al trabajar para una universidad argentina.
Este no es el caso de las personas refugiadas, que dejan atrás toda su vida para escapar de situaciones de violencia en sus países de origen. Por ejemplo, Fariba, que tuvo que escapar de Afganistán tras 14 años como jueza por miedo a las represalias de los talibanes. Llegó en abril de 2022, con su marido, su hijo y sus dos hijas.
En un primer momento, las personas refugiadas viven en centros de acogida hasta que se resuelva su solicitud de asilo —en el caso de Fariba, un hostal en el que estuvo nueve meses—. Una vez aprobada, "tienen la opción de acceder a unas determinadas ayudas para cubrir sus necesidades básicas, incluida la vivienda" durante un periodo máximo de 18 meses, en palabras del coordinador de Inclusión Social de ACCEM, Daniel Sánchez. En situaciones de extrema vulnerabilidad, el itinerario se puede alargar hasta los 24 meses.
Aun así, Fariba cree que la búsqueda de vivienda es "uno de los desafíos para los refugiados", ya que "nadie" les ayuda. En primer lugar, cree que la ayuda económica que reciben es insuficiente para "pagar una vivienda para cinco personas". En su caso, la cuantía máxima que puede recibir es de 848 euros para asumir el coste de un alquiler. El precio medio de un arrendamiento en octubre de 2024 fue de 12,33 euros por metro cuadrado, es decir, un piso de 80 metros cuadrados supone un desembolso de 986,40 euros, según datos de Fotocasa.
Muchas inmobiliarias conocen la ayuda máxima que pueden recibir estas personas y calculan los alquileres en consecuencia, según la directora de Programas de CEAR, Raquel Santos. "Casualmente, siempre están en este límite de precios, cuando son viviendas que no tienen ese valor", asegura y añade que muchos anuncios advierten que los propietarios del inmueble no alquilan a personas extranjeras. "Hay un claro racismo inmobiliario", concluye.
Rechazo por falta de empleo
"Estamos encontrando que sufren estafas para acceder a viviendas, que son muy pequeñas y tienen que compartir con otras personas", añade Santos. Este no ha sido el caso de Fariba, que ha podido vivir sola con su familia hasta el momento, pero sí el de Karina. Esta refugiada ucraniana aterrizó hace dos años y medio en Granada con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. Tras medio año en hostales, tuvo que compartir piso con una familia colombiana en Sevilla, ciudad en la que sigue viviendo.
"Quería vivir sola, porque de la otra manera es todo un poco más difícil", explica. Entonces, comenzó a buscar un piso para ella y sus dos hijos. Buscó "mucho", pero dice que "nadie quiere alquilar piso a una mujer con dos niños pequeños" que, además, no tiene trabajo. Así, estuvo durante casi un año buscando un lugar donde vivir, el cual encontró gracias a Ainhoa, la trabajadora social que la ha acompañado en todo el proceso.
"Es muy complicado conseguir un contrato de alquiler sin presentar un contrato de trabajo o un aval", incide Raquel Santos. Por esa razón, el tipo de viviendas al que pueden acceder los refugiados y los inmigrantes más vulnerables están en condiciones poco adecuadas, "por no decir lamentables", en palabras de la portavoz de CEAR.
La inclusión laboral de las personas migrantes es fundamental para su acceso a la vivienda, pero es tan difícil encontrar trabajo como alquiler. "Deberían facilitarnos la búsqueda de trabajo y empoderarnos", explica Fariba, que cree que, durante esos 18 meses en los que deberían enfocarse en aprender español y encontrar un empleo, "pierden el tiempo" buscando una vivienda.
Apostar por la vivienda social para evitar la calle
Los refugiados se enfrentan a muchos trámites en muy poco tiempo y no llegan a aprender castellano, la herramienta necesaria para tener más opciones en el mercado laboral. Por eso, "en ocasiones", los migrantes más vulnerables terminan en situación de calle, como admiten los representantes de ACCEM y CEAR a RTVE.es. Como explica Raquel Santos, las personas refugiadas no han venido con un proyecto y, por tanto, muchas no cuentan con una red de apoyo que pueda evitar el sinhogarismo o que les ayuden a reconocer posibles fraudes.
Las personas migrantes entrevistadas piden más empatía por parte de los propietarios y de las inmobiliarias y hacen un llamamiento a las instituciones para facilitar su inserción laboral, la cual les permitiría acceder a una vivienda. Desde ACCEM y CEAR también demandan un mayor número de vivienda social pública.
"Hay una cuestión de mercado que nos afecta a todas y todos –el precio de la vivienda– y a ellos les afecta más", argumenta Daniel Sánchez, que añade que al no haber "una vivienda de carácter social con suficiente alcance" las personas vulnerables, incluidas las migrantes, se van a encontrar "con muchísimas más dificultades de acceso".
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