Imputado un alto cargo del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz por el supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios
- Iba a declarar como testigo, pero finalmente declarará como investigado el próximo 28 de abril


La titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, que investiga un supuesto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros, ha citado como investigado por estos hechos al director económico central de compras de este organismo en Cádiz, Demetrio González Mera.
Inicialmente González Mera iba a declarar como testigo del caso, pero en una providencia, la jueza Rosa María García, deja sin efecto esta citación y le llama a prestar declaración en calidad de investigado el próximo 28 de abril.
Este cambio, que supone que el caso tiene un primer investigado en Cádiz, se produce después de que la semana pasada la jueza tomara declaración como testigos a los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, que ratificaron los informes realizados sobre supuesto fraccionamiento irregular de contratos del SAS en los que se basó la denuncia de Podemos por estos hechos.
También prestaron declaración ante la jueza que investiga los hechos la semana pasada las jefas de servicio Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.
Por una denuncia de Podemos
Es el primer investigado en el sumario abierto por el juzgado de Cádiz a raíz de la denuncia que interpuso Podemos basándose en informes de la Junta que alertaron de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".
La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistema 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros (el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones.
En esta última provincia se firmaron, por ejemplo, 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.
El juzgado de Sevilla que recibió la denuncia derivó a los jugados de cada provincia los contratos que afectaban a sus territorios. El de Cádiz es el único que ya ha abierto diligencias y ha citado a testigos y a un investigado.
El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga una denuncia del PSOE sobre el uso del SAS de los contratos de emergencia una vez superada la pandemia para la que fueron articulados, también citó como investigados el pasado mes de noviembre a la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Podemos y PSOE piden explicaciones
Podemos ha afirmado este lunes que es "urgente y necesario" identificar a "los cargos políticos del PP" que dieron "luz verde" al fraccionamiento de los contratos del SAS que están siendo investigados por un juzgado de Cádiz. Así lo ha reclamado este lunes en rueda de prensa el coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Jurado, quien ha considerado que el caso de Cádiz puede ser "simplemente la punta del iceberg de un posible caso de corrupción aún mayor" que el de los ERE.
Ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "por una vez" asuma "su responsabilidad" y "se ponga a dar una explicación coherente sobre lo que ha ocurrido" y de por qué el pasado mes de marzo ha cesado el director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda. "Nadie en Andalucía se cree que este señor necesitaba descansar", ha comentado sobre el motivo con el que la consejera de Salud explicó el cese.
Por su parte, también el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido explicaciones políticas por la imputación del director económico de la Central Provincial de Compras. "Se trata del primer imputado en la provincia de Cádiz y es solo la punta del iceberg porque se suma a otros tres gerentes del SAS que ya han sido imputados también en otra causa abierta en Sevilla por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos de contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024”.