Desarticuladas dos organizaciones dedicadas a la explotación laboral de temporeros en la Valencia y Jaén
- Hay cinco detenidos en Sagunto, Valencia y nueve víctimas liberadas
- Cuatro personas han sido detenidas y otras dos investigadas en Jaén
Una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de personas y a su explotación laboral como temporeros agrícolas, ha sido desarticulada en Valencia por la Policía Nacional. Asimismo. La Guardia Civil ha puesto punto final a una trama similar en Jaén.
En el caso valenciano, las víctimas, de diferentes nacionalidades, residían de forma obligada en un hotel abandonado en Sagunto, en pésimas condiciones de vida y careciendo de agua para asearse. Los trabajadores, que no tenían permiso de residencia y de trabajo, eran forzados a recoger cítricos durante largas jornadas laborales.
Las víctimas en su mayoría no estaban dadas de alta en la Seguridad Social y recibían un salario ínfimo, muy inferior al de otros trabajadores. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas y la liberación de nueve víctimas.
La investigación policial se inició en abril de 2024, cuando se descubrió en la provincia de Valencia a un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en la campaña de recogida de cítricos. En el año 2025, se detectó de nuevo la presencia del grupo criminal, por lo que se reactiva la investigación policial y se descubre cómo los temporeros residían en un hotel abandonado en la periferia de Sagunto, desde el que eran trasladados a las fincas de trabajo en viejas furgonetas que carecían de seguro e ITV.
Cuatro detenidos en Jaén por explotación laboral
Paralelamente, en Jaén, cuatro personas han sido detenidas y otras dos investigadas por su presunta pertenencia a una organización criminal que explotaba a trabajadores extranjeros en situación irregular.
A los detenidos se les imputa delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y falsificación de documento público.
La investigación comenzó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un aumento considerable de ciudadanos argelinos, que se encontraban en situación irregular, coincidiendo con periodos de recolección de la aceituna, en la localidad jiennense de Villanueva del Arzobispo. Los agentes descubrieron que los criminales disponían de viviendas donde alojaban a los migrantes bajo condiciones de hacinamiento e insalubridad.
La organización facilitaba trabajo a estas personas a través de empresarios de la zona que eran propietarios de las viviendas utilizadas y realizaban laborales de captación, transporte, cobro de alquileres y trámites burocráticos con la administración, respecto a las víctimas.
Según ha explicado el Instituto Armado, la organización cobraba dinero de las víctimas por el alquiler de las viviendas, búsqueda de trabajo, transporte y acceso a los trámites públicos para la obtención de documentación que supuestamente regulase su situación en España. Las víctimas llegaron a pagar 2.000 euros por empadronamientos y hasta 5.000 euros por contratos de trabajo fraudulentos.
Los migrantes irregulares acudían a esta organización bajo promesas de obtener unas mejores condiciones de vida y empleo de forma permanente. Les aseguraban la obtención de los permisos de residencia y trabajo en España, así como la regularización del resto de sus familiares por arraigo.
Las víctimas eran trasladadas a zonas de trabajo aisladas, sin ningún tipo de contrato y por sueldos muy por debajo de lo estipulado, prohibiéndoles en todo momento que hablaran o se relacionaran con otros empresarios españoles.
Esta operación se enmarca entre los objetivos previstos por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.
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