Más allá del oro: el coste medioambiental de la minería en El Salvador
- La mayoría de las fuentes de agua están contaminadas con minerales por las explotaciones ordenadas por Nayib Bukele
- En 2017 se prohibió la minería metálica pero el presidente recuperó la práctica en diciembre de 2024
Hace un año y medio, Vidalina Morales tenía que esperar hasta la madrugada o acostarse tarde para recoger agua en su domicilio, y, aun así, esta solo llegaba tres veces al mes, siempre y cuando hubiese llovido. Si no lo hacía, conseguir agua para cocinar y asear a sus hijos se volvía una tarea cada vez más difícil. La situación ha mejorado gracias a un proyecto para potabilizar el agua, pero su preocupación es la misma cada mañana: perder la poca agua que han conseguido a causa de la minería que cerca cada vez más la zona.
Morales es vecina de Santa Marta, en el distrito de Cabañas, al norte de El Salvador, una comunidad que está a una hora de la mina El Dorado, una de las más polémicas por su impacto ambiental. Actualmente esta localidad se ve afectada por la contaminación agroquímica de los cultivos que están alrededor.
La búsqueda de agua es la rutina que ha definido la existencia de esta comunidad, donde los activistas y ciudadanos que se oponen a los mandatos presidenciales corren el riesgo de ser detenidos o asociados, sin pruebas, a grupos delincuenciales. Para ellos es un recordatorio diario de la profunda desigualdad que atraviesa el país. Tienen presente que están al borde de una grave sequía, expuestos a hambruna y a desolación animal, sobre todo tras la aprobación de la Ley General de Minería Metálica.
La ley había sido derogada en marzo de 2017 después de grandes movilizaciones y protestas nacionales contra la minería y la protección del agua, pero el presidente, Nayib Bukele, la recuperó en diciembre. "El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo", justificó el presidente, que hace un año inició su segundo mandato consecutivo en contra de la Constitución.
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, con una superficie de 21.040 kilómetros cuadrados y más de seis millones de habitantes que se enfrenta a problemas de exclusión social y deterioro del medio ambiente que lo exponen aún más a desastres o fenómenos naturales, según los expertos.
Aguas contaminadas de cianuro, mercurio y otros metales
La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) determinó en 2008 que una decena de ríos en los departamentos de Morazán y el norte de San Miguel y La Unión "están envenenados con cianuro, mercurio, cadmio y otros metales pesados". La asociación, que recolectó muestras de las zonas afectadas, luchó casi una década contra la ley de minería hasta lograr su derogación en 2017.
Sin embargo, la contaminación no ha desaparecido y es palpable con solo acercarse a escasos metros de las fuentes de agua porque permanecen de un color rojo o naranja, el olor suele ser fuerte y desagradable y en el entorno no hay fauna viva.
"Los proyectos mineros atraviesan unos cinco departamentos", explica Morales, que añade que en los alrededores de Santa Marta "hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua. Van a buscarla a los ríos y a los pozos".
Vidalina Morales, activista ambientalista de El Salvador en una protesta contra la minería metálica. Cortesía de la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador
La salvadoreña detalla que este tipo de contaminación ha generado problemas en la salud de los habitantes. Aunque algunos no quieren exponer su situación por miedo a sufrir represalias, hay casos de cáncer e insuficiencia renal, entre otros. En El Salvador el 90% de las aguas están contaminadas, según los estudios presentados por los ambientalistas, que además confirman que "la contaminación del agua es por agroquímicos, heces fecales, por las grandes fábricas y las construcciones que están alrededor".
Para Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería, El Salvador es un país muy vulnerable en términos medioambientales. Los indicadores muestran una situación "bastante mala" debido a la falta de acceso y la mala calidad del agua, que se suma a la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
"No se garantiza el derecho humano al agua, es decir, esa cantidad mínima necesaria para una vida de calidad, 100 litros por persona al día", explica González. Se refiere a que cada familia salvadoreña compuesta por cinco miembros debería tener alrededor de 15 metros cúbicos mensuales de agua; sin embargo, algunas apenas disponen de entre cuatro y cinco metros cúbicos.
González expone que la minería generalmente consume mucha agua, pero en el caso de El Salvador es aún peor porque el oro no se encuentra concentrado como pirita, sino en partículas o macropartículas que solo pueden extraerse por lixiviación. "La lixiviación es un proceso físico-químico que separa las partículas de oro por medio del agua mezclada con mercurio o cianuro", puntualiza González.
Mujeres exigen protección al Río Lempana y rechazan la minería metálica. Unidad Ecológica Salvadoreña
El río Lempa, principal fuente de agua en peligro
Otro de los temores de los salvadoreños es la contaminación de la principal fuente de agua del país: el río Lempa, que une al triángulo norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala. Su recorrido es mayor en El Salvador que en los países vecinos, con 360.2 kilómetros que atraviesan el territorio hasta desembocar en la planicie costera del Océano Pacífico.
En el mismo estudio de la asociación se especifica que las zonas donde se desarrollarán las extracciones mineras se encuentran en el territorio donde nacen los principales ríos que abastecen al Lempa, "de donde proviene el 50% del agua potable del área metropolitana de San Salvador".
“La minería dejaría casi 4 millones de personas afectadas en su salud, lo que equivale a más del 60% de la población salvadoreña.“
"Lo que se ha encontrado es arsénico, que es grave. De permitirse la minería, tendríamos cadmio, plomo, aluminio, hierro, entre otros", resume González. Además, detalla que en la actualidad este río contiene metales pesados producto de los proyectos mineros en los países vecinos, principalmente de la mina Cerro Blanco, ubicada en la zona fronteriza con Guatemala, en Asunción Mita.
No hay espacio para la minería
El lado oscuro del oro, otra investigación realizada en diciembre de 2008 por diferentes agrupaciones ambientales, concluyó que la minería no tiene cabida en un país tan pequeño como El Salvador.
Para los activistas de ADES, en el país hay una sobrepoblación por kilómetro cuadrado. Mientras que en el resto del continente hay 33 personas por kilómetro cuadrado, en El Salvador la cifra asciende a 300 ciudadanos por kilómetro cuadrado. "Las minas están al lado de las comunidades y de la gente. No hay espacio como puede haber en Nicaragua, Honduras, Canadá o Estados Unidos", menciona Luis González.
Ante la falta de espacio y de recursos naturales, los ciudadanos se han negado a la minería con protestas y oponiéndose a vender sus parcelas o viviendas. Sin embargo, el Estado ha respondido con la militarización de algunas zonas. "Todavía no se está trabajando en la zona, pero hay maquinaria y soldados que protegen el área", denuncia González.
Vidalina Morales cree que la presencia de soldados es un método de intimidación más en zonas donde los habitantes todavía tienen traumas por el conflicto armado que tuvo lugar allí. "Se está fortaleciendo grandemente la militarización en este territorio", enfatiza.
Los salvadoreños rechazan la minería metálica y exigen la protección de sus recursos naturales. Unidad Ecológica Salvadoreña
Una ley sin garantías ambientales y sociales
Oscar Leonel Morales, abogado de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, considera que la derogación de esta ley "es una clara violación al principio de no regresión en materia de derechos humanos".
Una de tantas anomalías que el abogado ha encontrado en la ley de Bukele es la eliminación de las obligaciones tributarias de las empresas mineras hacia el Estado. La Ley de la Minería Metálica de 1996 establecía un porcentaje del 4% de las ganancias obtenidas, donde el 3% era para el Estado y el 1% para los ayuntamientos. "Ahora no hay ninguna obligación tributaria; es decir, nadie paga impuestos por las actividades extractivas", subraya Morales.
Con las nuevas reformas tampoco se exigirá a las empresas mineras un estudio sobre el impacto ambiental ni se tomará en cuenta la participación ciudadana, lo que Morales califica como una inviabilidad de la ley por la falta de garantías ciudadanas y ambientales.
Cientos de personas protestan en marzo de 2025, contra la minería metálica en El Salvador. Unidad Ecológica Salvadoreña
Activistas amenazados y detenidos
Ante la posición de los ambientalistas contra la minería y la contaminación de los recursos naturales del país, el Estado ha recurrido a las causas judiciales para evitar que continúen con sus investigaciones o protestas. Uno de los casos más simbólicos ha sido el de los "seis de Santa Marta", personas que fueron identificadas como activistas y opositores al regreso de la minería metálica y que fueron acusados de un asesinato en 1989.
Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas, Saul Agustín Rivas y Antonio Pacheco se enfrentaron a la Justicia varios meses en un proceso denunciado por la población como un "intento descarado" de criminalizar el activismo ambiental. En octubre de 2024 cinco de ellos fueron absueltos.
En 2023, el hijo de Morales también fue detenido, pero fue liberado dos días después. Fue acusado de tener relaciones con grupos criminales, pero nunca se llegó a probar y las autoridades tuvieron que dejarlo en libertad por la presión popular.
Vidalina Morales y Luis González coinciden en definir el futuro como incierto. Sin embargo, aunque reconocen que la amenaza atenta contra sus derechos humanos, no se detienen en la lucha por los recursos naturales.
*María Gómez Mejía es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la UAH con el Instituto de RTVE. Este artículo ha sido supervisado por su tutora, la redactora jefa de internacional, Paloma de Salas.
-
Facebook
-
Twitter
-
Bluesky
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
