La exclusión residencial afecta a más de 8,5 millones de personas en España, según el Observatorio del Alquiler
- La exclusión residencial afecta a los que viven en la calle, en recursos públicos o en infraviviendas
- El estudio, realizado por el Observatorio del Alquiler, estima que 3,7 millones de personas viven bajo amenaza de desalojo
La exclusión residencial afecta a más de 8,5 millones de personas en nuestro país, casi un 18% de la población española, una cifra que incluye a quienes viven en la calle o en recursos públicos de forma temporal, pero también a quienes lo hacen en infraviviendas, hogares precarios o viviendas inseguras para su desarrollo personal y social, según un estudio del Observatorio del Alquiler.
El análisis La exclusión residencial: una visión ampliada del fenómeno del sinhogarismo destaca que por cada persona durmiendo en la calle o en un albergue hay centenares de personas, incluyendo muchas familias y niños, en viviendas inseguras e inadecuadas.
Por un lado, los autores del informe señalan que el sinhogarismo afecta a 28.552 personas en España, según la Encuesta de Personas sin Hogar del INE de 2022. Si bien, organizaciones como la Fundación Hogar Sí o Cáritas Española elevan la cifra a en torno a las 37.000 y las 42.300 personas.
El estudio estima que alrededor de 3,7 millones de personas en España viven en una vivienda insegura, sin gozar del régimen de tenencia o bajo la amenaza de desalojo; y unos 4,8 millones más lo hacen en un hogar inadecuado, ya sea por problemas de habitabilidad, chabolismo o hacinamiento masivo.
Son datos del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, elaborado con la aportación de la empresa social tuTECHÔ, que agrupa a grandes empresas y patrimonios, dedicada a comprar viviendas para alquilarlas a precios bajos a entidades sociales.
Más mujeres, familias y jóvenes extranjeros sin un hogar seguro
El observatorio alerta del crecimiento del número de mujeres en situación de sinhogarismo —han pasado del 19,7 % al 23,3 % en una década—, aunque se las vea menos durmiendo en la calle por los mayores riesgos que enfrentan, como la violencia sexual o las agresiones.
De hecho, un 21% ha sufrido ataques físicos o sexuales, recoge el informe, por lo que muchas optan por soluciones precarias como viviendas inseguras, antes que dormir al raso. La mitad de las personas sin hogar tienen menos de 45 años, con mayor presencia joven entre los extranjeros (el 68% de los que tienen menos de 45 años lo son y se eleva al 83% en los menores de 30 años).
Los autores del estudio indican, citando datos de FOESSA de 2018, que decenas de miles de familias en España vivían en régimen de tenencia insegura o en condiciones indignas. Así, apuntan que aunque el modelo familiar tradicional casi no existe en la calle, "si se tiene en cuenta la exclusión residencial severa, sí que hay familias enteras viviendo en precariedad habitacional, optando por situaciones de hacinamiento en casas de conocidos, por ocupaciones patera o por vivir en locales no habilitados, antes que verse a la intemperie". De hecho, la forma más extendida de infravivienda es el hacinamiento severo, que afecta a 4,1 millones de personas, un 8,7%, señala la investigación.
La gran mayoría de personas sin hogar no cuenta con redes de apoyo familiar: el 88,7 % de quienes viven en la calle están solteros y no conviven con sus hijos, en el caso de tenerlos.
El alquiler social, como solución
Las cifras del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana dicen que la vivienda social representa en torno al 3,3% del parque inmobiliario, por debajo de la media europea, que ronda el 8%, según este informe.
El observatorio urge medidas y políticas públicas eficaces que promuevan la inclusión social y garanticen el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
Destaca que el alquiler social puede ser la llave para el acceso a una vivienda para la población más vulnerable, aunque expone que el escaso parque inmobiliario de titularidad pública dificulta la puesta en marcha de medidas útiles que puedan suponer una solución a largo plazo.
En este contexto, el informe propone el alquiler residencial como una "palanca flexible y eficaz" para garantizar el acceso a una vivienda. "El alquiler, con todas las garantías de habitabilidad y salubridad, puede erigirse en un trampolín para salir de la precariedad residencial y promover la inclusión de los grupos más vulnerables de la sociedad", subraya el estudio hecho público este jueves.
¿Qué es el alquiler social?
El alquiler social es una modalidad de arrendamiento de vivienda que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a un hogar digno y asequible a personas o familias en situación de vulnerabilidad económica y social que no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre de alquiler.
El precio está muy por debajo de los precios de mercado y se adapta a la capacidad económica de los inquilinos, a menudo calculándose como un porcentaje bajo de sus ingresos. Está pensado para personas o familias con bajos ingresos, desempleados, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, mayores dependientes, o aquellos en riesgo de exclusión residencial.
Las viviendas que se alquilan, por lo general, suelen ser propiedad de administraciones públicas (estatales, autonómicas o municipales), entidades sin ánimo de lucro o, en ocasiones, fondos de viviendas gestionados con fines sociales. Su finalidad no es el lucro, sino cumplir con el derecho constitucional a una vivienda digna, ofreciendo estabilidad y seguridad habitacional.
-
Facebook
-
Twitter
-
Bluesky
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
