Una transición bajo vigilancia: Siria intenta renacer tras la caída de Al Asad
- El país vive una de las etapas más inciertas de su historia tras 14 años de guerra civil
- La comunidad internacional occidental han evitado exigir reformas políticas o transparencia al nuevo Gobierno de transición
Seis meses después de la caída del régimen de Bachar al Asad, que puso fin a más de medio siglo de poder absoluto de la familia al Asad, Siria vive una de las etapas más inciertas de su historia. El fin de una dictadura ha abierto una ventana de oportunidad, pero también ha dejado tras de sí un país devastado por 14 años de guerra civil, marcado por la precariedad, las divisiones sectarias y la amenaza de un nuevo autoritarismo. ¿Será el nuevo Gobierno capaz de reconstruir el país sin repetir los errores del pasado?
Fin parcial de sanciones
Una de las claves de este nuevo escenario es el levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Washington ha suspendido temporalmente la aplicación de las sanciones bajo la Ley César durante seis meses, a la espera de una decisión del Congreso para una posible eliminación definitiva.
La Unión Europea ha seguido un camino similar: ha levantado una parte sustancial de sus sanciones económicas para facilitar la reintegración de Siria en el sistema financiero global, aunque mantiene el bloqueo contra al Asad y su entorno y ha impuesto nuevas restricciones a personas y grupos armados acusados de cometer crímenes recientes.
Este deshielo ha comenzado a traducirse en promesas de inversión. Siria ha firmado acuerdos millonarios con Estados Unidos, Turquía, Catar, Francia y Emiratos Árabes Unidos para reactivar sectores clave como el energético y el portuario. Asimismo, Catar y Arabia Saudí han saldado la deuda de Siria de 15 millones de dólares con el Banco Mundial, desbloqueando nuevas líneas de financiación.
Todas estas medidas son imprescindibles para reconstruir el país. Las autoridades sirias estiman que la reconstrucción requerirá al menos un billón de dólares (cerca de 887.000 millones de euros), una cifra que ilustra la magnitud del desastre humanitario y económico que deja la guerra.
Pobreza extrema y precariedad estructural
Pese a estos avances, la realidad cotidiana sigue siendo desesperada para la mayoría de la población. Según la ONU, el 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y aproximadamente uno de cada cuatro está desempleado. El salario medio apenas supera los 20 euros al mes, la electricidad escasea y los precios del pan y el combustible se han disparado desde diciembre.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que, al ritmo actual de crecimiento, Siria necesitará hasta el año 2080 para recuperar el nivel de Producto Interior Bruto previo al conflicto.
Mientras tanto, el nuevo Gobierno ha reincorporado a más de 14.000 docentes despedidos bajo el régimen de al Asad, pero también ha ejecutado despidos masivos en la administración pública. El ministro de Finanzas, Mohammad Abazeed, afirma que 400.000 de los 1,3 millones de empleados estatales son "puestos fantasma". Sin embargo, la oposición denuncia que los despidos responden a criterios políticos y sectarios.
Un presidente sin contrapesos
Desde que tomó el poder en diciembre, Ahmad al Sharaa lidera Siria como presidente interino. Exdirigente del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y anteriormente miembro de al-Qaeda, ha formado un Gobierno de transición y aprobado una declaración constitucional, una especie de carta magna provisional.
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre el exceso de poder concentrado en sus manos: Al Sharaa puede declarar el estado de emergencia, designar a un tercio del Parlamento y nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional, sin ningún contrapeso institucional. No hay primer ministro y las elecciones no están previstas hasta dentro de cinco años.
También preocupa la escasa representación de las mujeres y las minorías en el nuevo Gobierno. De entre los 23 ministros designados, solo hay una mujer: Hind Kabawat, ministra de Asuntos Sociales y Trabajo, de religión cristiana. El resto de carteras están ocupadas mayoritariamente por hombres suníes afines al presidente.
Violaciones de derechos humanos y violencia sectaria
Los abusos en la costa mediterránea a cargo de hombres armados afiliados a Damasco suponen también un golpe a la transición. Entre el 6 y 10 de marzo, hombres armados leales al antiguo régimen atacaron a fuerzas de seguridad de la nueva Administración en la costa.
La represalia fue brutal: más de 1.600 personas, en su mayoría civiles alauíes (la comunidad a la que pertenece al-Assad) fueron asesinados en represalia por milicias afiliadas al Gobierno, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Al Sharaa prometió la formación de un comité independiente para investigar las violaciones contra civiles, pero tres meses después el organismo no ha presentado sus resultados. En paralelo, se han denunciado secuestros de mujeres alauíes y enfrentamientos entre grupos armados drusos y progubernamentales.
Temor a la islamización de la vida pública
Por otro lado, aunque de momento las nuevas autoridades islamistas de Siria no han impuesto oficialmente restricciones al comportamiento público, algunos incidentes suscitan preocupación sobre las libertades personales.
Aunque el nuevo Gobierno islamista no ha implantado oficialmente restricciones religiosas, sí se observan señales. En algunas ciudades han aparecido carteles instando a las mujeres a seguir los códigos islámicos de vestimenta; hay denuncias de intentos de segregar a hombres y mujeres en espacios públicos, y locales que venden alcohol denuncian presiones para cerrar. Además, desde diciembre es común ver a hombres recorrer los cafés de algunas ciudades haciendo proselitismo religioso.
Un país fragmentado y en disputa
El 10 de marzo, las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos firmaron un acuerdo para integrarse en el Estado sirio y ceder al nuevo Gobierno el control del noreste del país. Aunque fue un paso importante para la fase de transición, Siria dista mucho de ser pacífica y el Gobierno de Al Sharaa se enfrenta al enorme reto para controlar todo el territorio.
Por un lado, Israel continúa su campaña de bombardeos aéreos, principalmente contra posiciones militares y, desde el pasado diciembre, se ha apropiado de más territorio dentro de Siria. Mientras tanto, el Estado Islámico ha reivindicado sus primeros atentados desde el triunfo rebelde. Aunque derrotado territorialmente en 2019, el grupo aún cuenta con unos 2.500 combatientes activos. Además, en las cárceles del territorio kurdosirio se encuentran 56.000 personas retenidas por su presunta vinculación con el Estado Islámico, entre ellas alrededor de 30.000 niños.
También están presentes miles de combatientes extranjeros que apoyaron militarmente a Al Sharaa. El Gobierno ha anunciado que integrará a más de 3.500 en el Ejército, en su mayoría de origen uigur, lo que podría generar nuevas tensiones internas.
Una transición por definir
La caída de Bachar al Asad fue celebrada como una victoria histórica por quienes soñaban con una Siria libre, democrática e inclusiva.
Siria está cambiando, pero está por ver hasta dónde llegará. Hay avances económicos y diplomáticos, pero se mantienen la exclusión política, la violencia sectaria, y la seguridad es todavía muy frágil. Son muchas variables que decidirán si esta transición se convierte en una oportunidad o en una repetición de errores del pasado.
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